En todos los pueblos hay elementos sociales que tienden a la dictadura, a la oligarquía y a la democracia. De la relación de fuerza entre ellos depende la naturaleza del régimen que se establezca en el momento constituyente del poder político en el Estado. A la muerte de Franco estos elementos estaban definidos.
Las fuerzas sociales que se agrupaban en torno a la legalidad del Régimen constituían el elemento dictatorial. Un factor que decaía a contrapelo del factor internacional. La Comunidad europea era contraria a la continuidad de la dictadura. Y el Departamento de Estado (EE UU) estaba preocupado, con su proverbial ignorancia sobre los asuntos españoles, de que en España pudiera repetirse, si no se actuaba a tiempo, la experiencia revolucionaria ocurrida en Portugal.
El capital financiero y los medios de comunicación no veían otro camino viable que el de la reforma paulatina de la Monarquía franquista desde su propio seno. Este clima cristalizó, a principios de 1976, en el «Espíritu de 12 de febrero» de Arias.
Desde la muerte de Carrero (1973), el elemento democrático se movilizó y organizó en un proceso unitario que culminó con la creación de la Junta Democrática en España en 1974. La naturaleza y la función de las Juntas que se organizaron, bajo su dirección, por todos los ámbitos y sectores sociales, hasta llegar a ser en la primavera de 1976 la única esperanza de libertad, constituyó un fenómeno genuino. Por primera vez desde la Guerra Civil, la sociedad política democrática que emergía de la sociedad civil levantaba una sólida alternativa de Estado y de Gobierno, como solución pacífica de ruptura política y cultural con las ideas, instituciones y hombres de la dictadura.
Por primera vez, la libertad de acción creaba una organización política completamente diferente de los tradicionales pactos entre jefes de partido o notables, que por su naturaleza tienden a la oligarquía.
Los Pactos de Ostende y San Sebastián no modificaron la relación de fuerzas entre el Estado Monárquico y la sociedad, gobernada. Eran puntos de referencia gubernamental, en caso de producirse una crisis de Estado por causas no controladas por los pactistas. Aquellos pactos tuvieron sentido «a posteriori» de la ocasión histórica que los revalorizó. No pretendían crear, ellos solos, su propia circunstancia. No eran alternativas de Estado ni de Régimen, sino solamente de hombres que esperaban ser llamados al Gobierno ante una situación de vacío de poder, producida por un golpe militar o una rebelión de las masas. Presuponían la ruptura de la legalidad monárquica. Pero no la producían. Eran pactos oportunistas.
En cambio, la Junta Democrática nació y se desarrolló bajo públicos principios de pensamiento y acción que buscaban y exigían la conquista de la hegemonía política en la Sociedad antes que el Gobierno en el Estado. Tal paso sólo estaría legitimado -en la concepción, en el programa, en el ánimo y en la acción de la Junta- si la toma pacífica del poder político fuera consecuencia natural de la responsabilidad de tener la hegemonía.
Poco después de anunciada en París y Madrid la existencia de la Junta Democrática (julio 74), y para frenar su desarrollo, el Partido Socialista y la democracia cristiana crearon, al modo tradicional de los pactos entre notables, una simple plataforma de convergencia, sin propósitos de acción societaria, a la que se unieron algunos de los partidos de izquierda (MC) que desconfiaban del PCE.
En esta Plataforma, apoyada por la socialdemocracia alemana, se incubó el germen del factor partidista y oligárquico que sólo podría prosperar si se descomponía el factor dictatorial y se disolvía el factor democrático. La Transición sólo se explica como fruto oligárquico de esa descomposición y esta disolución.
LA RAZÓN. JUEVES 13 DE JULIO DE 2000
Blog de Antonio García-Trevijano
